Derecho Penal en Colombia
El derecho penal en Colombia ha estado presente en la sociedad desde los tiempos primitivos, su fundamento ha ido evolucionando con el tiempo, así mismo como el hombre lo ha hecho a través de la historia.
Es la rama del derecho público encargada de regular, castigar y establecer penas para aquellos individuos o civiles que atentan y violentan contra las normas de convivencia o de conducta hacia otros sujetos o la nación. Esta rama del derecho determina los hechos y actos que se consideren ilegales a través de un proceso penal en el que el acusado podrá presentar sus evidencias para declararse como inocente, de ser demostrado lo contrario, se le impondrán las sensaciones correspondientes según la gravedad del caso.
El Estado como ente encargado, penaliza conductas antijurídicas como: homicidios, genocidios, abandono de menores y personas en discapacidad, lesiones personales, abusos sexuales, entre otros hechos establecidos en el código penal.
Fases del proceso penal Colombiano
El proceso penal Colombiano se divide en tres fases, estas etapas se cumplen una a una, el órgano de carácter estatal correspondiente aplica las leyes y sensaciones pertinentes al caso manejado.
Fase de indagación
Es la fase inicial de todo proceso penal, en ella se da paso a una investigación preliminar. El proceso está a cargo de la Fiscalía y la Policía Jurídica, encargados de recolectar pruebas y/o evidencias que indiquen la gravedad del acto cometido.
Fase de investigación:
Es el paso a la apertura de la investigación una vez se celebra la audiencia de formulación. La recopilación de elementos probatorios y evidencias a cargo de la policía judicial y el fiscal, reafirman la imputación realizada previamente. El Fiscal será quien tome la decisión de la aprehensión preventiva o aplicación del principio de oportunidad sentado en el Art. 323.
“Art. 323: La Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad.
El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías.”
Fase de juicio
Las audiencias de acusación preparatoria, juicio oral y sentencia dictaminada por un Juez de Conocimiento se llevan a cabo en esta fase. En la audiencia de formulación de acusación se redactan los hechos en orden cronológico y se da la lectura oficial de la acusación al imputado. 45 días después se celebra la audiencia preparatoria, en ella se realiza el análisis de las pruebas presentadas. Concluida la audiencia, se dan a la espera 45 días nuevamente para que inicie la audiencia de juicio oral, en la que escuchan los testimonios de todos aquellos sujetos involucrados con el respectivo delito y se verifica la autenticidad de las pruebas recopiladas.
El juez emitirá su fallo una vez el Fiscal exponga su teoría respecto al caso manejado y el abogado penalista realice su exposición. Escuchados ambos, se procede a realizar las debidas conclusiones y de ser el caso se presentan las oposiciones a las mismas. Una vez superada esta etapa se emite un fallo, se expone la pena y se decreta una Audiencia de Reparación, en la que la víctima expone las medidas que considere necesarias para subsanar el daño.
Personas Inimputables
El Código Penal Colombiano indica que un inimputable es “quién en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estás similares”. De darse los casos, estos individuos deberán ser internados en instituciones clínicas o psiquiátricas, de orden público o privado en donde puedan recibir el tratamiento necesario, tendrán una cantidad máxima de años que podrán cumplir como castigo y una cantidad mínima que será determinada para cada caso.
Esta rama del Derecho no puede ni debe estar por encima de los derechos primordiales de cada individuo. De esta manera, si un ciudadano comete un delito, cómo primera medida se le debe de cuidar, no atentar en contra de sus derechos primordiales y su captura se debe realizar bajo un cuidadoso procedimiento.
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